El laboratorio de investigación canadiense Citizen Lab, responsable de numerosas detecciones, análisis e informes de casos ocurridos en todo el mundo, ha confirmado en un informe que se realizaron ataques, infecciones y hackeos contra al menos 65 representantes electos catalanes, líderes de la sociedad civil, activistas, abogados, periodistas, especialistas en alta tecnología y sus familiares, durante cuatro años consecutivos (2017-2020). Esta información ha sido confirmada por el semanario estadounidense The New Yorker, y por Amnistía Internacional, ONG internacional que ha pedido a las autoridades de la UE que actúen para poner fin al abuso de spyware en España.

El Estado español buscaba obtener información sobre los pasos que daría el movimiento independentista durante y después del referéndum independentista catalán de 2017 y la ola represiva contra Cataluña. Es decir, cómo se reorganizaría el movimiento independentista catalán, cómo prevenirlo y qué pensaban hacer los exiliados a nivel internacional, entre otros aspectos.

Hasta la fecha, el Estado español, Polonia y Hungría son los únicos Estados miembros de la UE de los que se sabe que han llevado a cabo espionaje político con el programa Pegasus, siendo el Estado español el que cuenta con más casos confirmados, no sólo en la Unión Europea, sino en todo el mundo.

El programa espía Pegasus, creado por la empresa israelí de ciberinteligencia NSO Group Technologies, está diseñado para hackear ordenadores y dispositivos móviles para acceder al aparato y recuperar datos de él sin el consentimiento del usuario, para entregarlos después a la tercera persona o autoridad que los espía. NSO afirma que su objetivo es apoyar a las autoridades gubernamentales en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia, espiándolos.

El spyware Pegasus ataca los dispositivos de forma tan imperceptible que incluso el propietario del dispositivo puede no tener ni idea de que está ocurriendo. Incluso una llamada perdida de WhatsApp puede permitir que el Pegasus Spyware piratee su dispositivo. Una vez que Pegasus entra en un smartphone, los mensajes de texto y correos electrónicos, contactos, fotos, contraseñas y otros archivos pueden ser accedidos por la otra parte.

De hecho, el acceso se da hasta tal punto que incluso el micrófono o la cámara de su dispositivo también pueden ser operados muy fácilmente por quien le está espiando. El software espía Pegasus puede incluso acceder a los mensajes o archivos encriptados, ya que puede robarlos antes del cifrado o después del descifrado.

La principal diferencia entre el #CatalanGate y otros casos de Pegasus es el número de casos de espionaje confirmados: 65 hackeos, probados por los exámenes forenses realizados por el laboratorio de investigación Citizen Lab; y por supuesto, el hecho de que estos ataques tuvieron como objetivo a los principales actores de un movimiento democrático, el independentismo catalán. Se trata de una guerra sucia sin cuartel que amenaza los derechos fundamentales del pueblo catalán.

Estamos pues ante un caso flagrante de espionaje político en el corazón de Europa. Estos ataques de espionaje tenían una clara motivación política: obtener información privada para conocer, de antemano, cada paso del movimiento independentista catalán con el fin de debilitar este movimiento democrático. Prueba de ello es que la mayoría de los ataques, infecciones y hackeos se produjeron en periodos de toma de decisiones cruciales del movimiento como acuerdos políticos, investiduras de la presidencia o determinaciones estratégicas.

Este escándalo se suma a los más de 3000 representantes y activistas independentistas catalanes que han sufrido la represión política de las autoridades españolas desde 2017. Nueve de ellos -siete miembros del gobierno catalán y dos líderes de la sociedad civil- fueron condenados a penas de hasta 13 años por organizar el referéndum de 2017 o convocar protestas pacíficas, y pasaron casi 4 años en prisión. Estas acciones represivas constituyen una vulneración masiva de los derechos humanos del pueblo catalán, que durante los últimos años han sido denunciadas por varios organismos de derechos humanos de la ONU, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y ONG internacionales como Amnistía Internacional y la Organización Mundial Contra la Tortura.