La Assemblea se emplaza a trabajar con otras entidades para revertir la situación impuesta por el 155

Basta. Este ha sido el mensaje con el que la Asamblea se ha plantado en muchas plazas del país después de que el Gobierno de Mariano Rajoy haya decidido, incumpliendo su promesa de derogar el 155 una vez se formara Gobierno, no publicar en el DOGC los Consejeros que el Presidente Quim Torra había nombrado.

Ante una injerencia tan grande, la Assemblea, con el apoyo de una veintena de entidades, asociaciones y partidos políticos, ha salido a la calle para denunciarlo. Se han llenado plazas y calles en Lleida, Girona, Tarragona, Tortosa y también en Barcelona, ​​concretamente delante del Born Centro Cultural.

No hay que ceder al chantaje

Elisenda Paluzie, Presidenta de la Assemblea, ha resaltado la deriva antidemocrática del Estado después de que no haya querido publicar los nombramientos de Consejeros del Presidente Torra. Ante una situación como ésta, Paluzie ha querido enviar un mensaje claro a Torra: «no ceda con el nombramiento de los Consejeros».

Para Paluzie, el Estado español es unitario y sólo cede competencias cuando se ve obligado, pero las vuelve a recuperar «cuando les conviene», como lo demuestra el 155, que ha bautizado como «decretito de nueva planta». «Hasta que no consigamos la independencia, seguiremos subordinados» ha vaticinado.

Por todo ello, la presidenta de la ANC ha emplazado a reunirse con entidades, partidos políticos y asociaciones para encontrar la manera de hacer acciones que muestren al Estado y al mundo que aquí hay una sociedad que «no agacha la cabeza». «Salimos decididos, determinados, a trabajar con todas las entidades y partidos porque esta situación no puede continuar», ha exclamado. «Y si es necesario, con desobediencia», porque para Paluzie, ante una ley injusta, la desobediencia es un mecanismo «absolutamente legítimo» siempre que sea de forma «democrática y pacífica».

Hay que lograr la República

El actor Joel Joan ha leído el manifiesto, en el que se ha llamado a recuperar el 1 de octubre y a movilizarse contra el 155, que considera un «chantaje». De hecho, el manifiesto pone en evidencia que todos los consejeros nombrados por el Presidente Quim Torra tienen los derechos políticos intactos y que, por tanto, no hay ninguna base legal para no publicar sus nombramientos en el DOCG. Sin embargo, recuerda el texto, el Gobierno español incumple el compromiso de retirar la aplicación del artículo 155.

 

El manifiesto añade que el Gobierno español quiere mantener un «estado de excepción» en Cataluña para evitar reconocer el conflicto político y reitera que su voluntad no es negociar, sino «humillar». Si bien se pide defender las instituciones catalanas para «recuperar la gestión de los servicios básicos y la salvaguarda del autogobierno», también se recuerda que esto no será suficiente, y que el objetivo sigue siendo «el logro de la República catalana» .

Finalmente, el texto incita a buscar una respuesta «unitaria, transversal, contundente y pacífica» contra esta provocación, y pide una respuesta que haga «inviable» la intervención continuada deEspaña a las instituciones catalanas y que implique una «desobediencia» ante el Estado que «incumple sus propias leyes» y «anula la democracia».