Entidades, partidos y sociedad civil llaman a movilizarse en el inicio del juicio al 1-O

Llamada a movilizarse masivamente desde hoy, día en que ha comenzado el juicio al 1-O. Pasadas las 10 horas, los 12 encausados ​​han entrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se han iniciado las cuestiones previas. Afuera, decenas de personas de un amplio abanico de la sociedad civil y política catalana y española han querido solidarizarse con los presos políticos y también se han unido para denunciar la causa iniciada.

Por la tarde se han llevado a cabo las principales concentraciones de protesta en todo el país. En Barcelona, ​​miles de personas se han reunido en plaza Cataluña, donde personalidades de muchos ámbitos diferentes de la sociedad civil han leído un manifiesto. Antes, sin embargo, la presidenta de la Assemblea, en declaraciones antes de iniciar el acto, ha tratado el estado español de «enfermo», y ha afirmado que no ha conseguido unos estándares de calidad democrática equiparables a los de los países de su entorno a nivel europeo. Ante este hecho, Paluzie ha recetado una única respuesta: continuar la lucha para conseguir la República catalana.

Paluzie se ha mostrado especialmente dura con el Estado; ha recordado como el franquismo utilizaba juicios sumarísimos para acusar de rebelión. «Han recuperado el delito del código penal para reprimir», y la «perversión», ha dicho, es que el Estado acuse de violencia cuando la única violencia que ha habido es por parte del Estado español. Es por eso que ahora giran la tortilla, «como hacía el franquismo contra los dirigentes democráticos y sociales».

Manifiesto unitario
Personalidades de muchos ámbitos diferentes de la sociedad civil han leído un manifiesto unitario: Elisenda Paluzie; Marcel Mauri, de Òmnium Cultural; Elsa Artadi, de JxCat; Pere Aragonés, de ERC; Maria Sirvent, de la CUP; Carles Vicente, de Unió de Pagesos; Angels Massip, de la Intersindical; Alba Puig, del ACDC; Gerardo Pisarello, de Catalunya en Comú; y Elisenda Prade, de Irídia. Un manifiesto que, por cierto, ha remarcado precisamente la «gente de diferentes sensibilidades políticas e ideológicas» como una muestra transversal de la demanda: liberación inmediata de los presos políticos y el libre retorno de los exiliados.

El texto remarca que hay un antes y un después de este juicio; y que hoy es más necesario que nunca defender los derechos civiles y los derechos políticos como el de autodeterminación porque están amenazados, y cuando esto ocurre son los derechos sociales y laborales los que también lo están. Asimismo, subraya que no se debería ser nunca juzgado por el ejercicio de la democracia y la organización de un referéndum.

«El tribunal no es independiente ni es imparcial»
El manifiesto se muestra contundente con el procedimiento iniciado, y afirma que el tribunal no es independiente ni imparcial, que el proceso ha tenido múltiples irregularidades y ha generado un «caos jurídico», que se enmarca en una «causa general» creada por los aparatos judiciales del Reino de España, que ha vulnerado derechos políticos y civiles de las personas implicadas que tocan los «fundamentales en una democracia», como el derecho a la representación política, o el derecho a la disidencia.

Ni el tribunal parte de la «mínima legitimidad necesaria» ni con el «grado de independencia judicial mínimo exigible», y tampoco se entiende que la mayoría de acusados ​​lleve más de un año en prisión preventiva con todas las afectaciones a sus derechos, los de sus familias y los del conjunto de la sociedad alterados.

Por este motivo, y en definitiva, el manifiesto considera que con este juicio se juzga a toda la sociedad, independientemente de la ideología, y alzan la voz para denunciar el «peligro» que unas instituciones judiciales «politizadas» quieran llevar a cabo un castigo ejemplar decidido «de antemano». «Un castigo ejemplar para que nunca nadie se atreva de nuevo ensayar vías políticas y democráticas que pongan a debate cuestiones que determinadas élites, políticas, económicas o judiciales, puedan considerarse fuera de la ley», concluye.

Por ello reivindican la necesidad de tejer propuestas coordinadas de movilización popular y ciudadana en defensa de los derechos, comenzando este sábado, 16 de febrero, parándolo todo en la huelga del 21 de febrero y llenando Madrid el 16 de marzo. Porque decidir, dicen, no es un delito, y ni un referéndum, ni la autodeterminación, no se pueden juzgar y menos condenar. «Llamamos de nuevo a movilizarnos de forma masiva», concluye.