La Assemblea y el Consell per la República apelan Europa a través de una Iniciativa Ciudadana Europea para que respete los derechos de las minorías en España

Nueva medida para internacionalizar el conflicto político que sufre Cataluña. En una rueda de prensa realizada esta mañana en Bruselas, la Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República y otros representantes cívicos y políticos europeos han hecho pública una iniciativa que pretende trasladar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la situación actual del Estado español. Y lo hará a través de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que deberá recoger 1.000.000 de soportes en toda Europa.

Este hecho, sin embargo, no desanima a los organizadores, que consideran que se podrá alcanzar sin dificultades como consecuencia de la preocupación que existe en Europa por la deriva autoritaria y antidemocrática que ha tomado el Estado español. Además, han dejado bien claro que la iniciativa será financiada en su totalidad mediante fondos privados de ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro.

A la presentación han asistido el presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, así como algunos consejeros también exiliados, como es el caso de Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha estado presente, y Gérard Onesta, ex vicepresidente del Parlamento europeo.

Una iniciativa a favor del Reino de España
Desde los organizadores, han querido constatar que esta ICE no va en contra de nadie, sino a favor del Reino de España, ya que consideran que puede ayudarle a concluir su proceso de transición democrática y poder reforzar así sus instituciones desde una perspectiva democrática y garantizar los derechos de las minorías, como la catalana y la vasca.

La iniciativa pretende demostrar que estas vulneraciones no son puntuales, sino que son generalizadas y han surgido a raíz del proceso político emancipador que vive Cataluña, que han destapado defectos y riesgos sistemáticos del Estado español que vulneran derechos fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recogidos en el Tratado de Lisboa.

Enfatizan, así, el escaso respeto al derecho de las minorías; la politización de las altas instancias jurisdiccionales; la inexistencia de contrapesos a las altas instancias jurisdiccionales; el nulo respeto a la aplicación directa de normas y principios rectores de la Unión Europea; la utilización «espuria» por el Estado de diversos mecanismos de cooperación jurídica entre Estados miembros; la vulneración de derechos civiles y políticos a las minorías y sus representantes; y la vulneración sistemática de determinados derechos sin los cuales una sociedad difícilmente puede calificarse de plenamente democrática.