La Assemblea, Òmnium y la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat evidencian la vulneración de derechos fundamentales en la causa contra el 1-O

La Assemblea, Òmnium y la Associació de Foment de la Caixa de solidaritat han anunciado esta mañana en rueda de prensa que se han alcanzado los 5,8 millones de euros de fianza por responsabilidad civil que impone el juzgado número 13 de Barcelona sobre los 17 acusados ​​de malversación. Asimismo, han denunciado la vulneración de derechos fundamentales y la falta de garantías procesales por parte de la justicia española en la causa general contra el referéndum de autodeterminación de Cataluña.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha querido poner de relieve esta vulneración de derechos que comete el Estado, señalando que «ayer mismo veíamos como se suspendían unos diputados que representan más de 1 millón y medio de votos, alterando las mayorías parlamentarias. Hoy estamos aquí para volver a denunciar esta vulneración de derechos constante y la persecución de unos servidores públicos que lo único que hicieron es facilitar que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a la autodeterminación», ha explicado. «Estamos aquí por responsabilidad y por solidaridad. Nadie quedará solo», ha querido remarcar. Por último, ha pedido dos gestos claros: continuar llenando la Caja de Solidaridad y responder masivamente a las urnas.

A continuación, Elisenda Paluzie, presidenta de la Assemblea, ha explicado la situación anómala que supone la fianza impuesta por el juzgado 13 de Barcelona. «Lo que está pasando en el juzgado 13 es una vulneración flagrante de derechos fundamentales. En este caso concreto, el derecho a un juicio justo y la falta absoluta de garantías procesales», ha dejado claro. Asimismo, ha querido poner de manifiesto que «organizar un referéndum no es un delito y no está en el código penal. Por lo tanto, cualquier gasto asociado al referéndum no es delictivo».

En segundo lugar, Paluzie ha denunciado que «los mismos hechos se están juzgando en dos juzgados diferentes, que hacen estimaciones de gastos diferentes». «La fianza por responsabilidad civil que definió el Supremo hace unos meses fue de 2,1 millones de euros que ya se depositaron. Ahora, en este juzgado, por los mismos hechos, se reclaman 5,8 millones de euros. Por si fuera poco, se piden estos 5,8 millones de euros y no se acepta que hay 2,1 millones que ya han sido depositados en el Supremo y que, por tanto, han sido prestados como garantía de estos hechos que dicen supuestamente delictivos», ha criticado.

Ha querido remarcar, también, la celeridad anómala que el juzgado 13 ha mostrado en este caso. «Se hizo un pago inicial de 3,7 millones de euros porque se estaba pendiente de un recurso por los 2,1 millones que ya habían sido depositados. Ahora nos encontramos que antes de que se resuelva el recurso por parte de la juez, se empiezan a bloquear las cuentas, embargar los depósitos, antes de la resolución de este recurso con una agilidad y rapidez nunca vista en procesos de embargo de este tipo», ha explicado.

Por último, Paluzie ha señalado que la vulneración de derechos no cesa y ha evidenciado la falta de lógica en el razonamiento que hacen los tribunales españoles. «Nos encontramos que, esta semana, en el Supremo declaran los peritos de Hacienda, que son las que hicieron el informe para el juzgado 13, y dicen al Supremo que la estimación que hacen de gastos asociados al referéndum es de 917.000 euros, y aquí se están reclamando 5,8 millones, cuando es el mismo juzgado que les encargó el informe de hacienda». «No tenemos palabras para describir cómo nos sentimos. Pero no podemos dejar que tanta injusticia recaiga sobre las personas que desde el gobierno cumplieron con su obligación. Por lo tanto, agradecemos y seguimos llamando a la solidaridad hasta levantar los embargos que están pendientes», ha concluido.

Núria de Gispert, en calidad de presidenta de la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, ha querido denotar la poca calidad democrática de la justicia española. «Lo que ayer pasó en el Congreso de los diputados con la decisión de suspender los derechos es vergonzoso. No sabían cómo cogerlo, por ello han utilizado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el arma que tienen para atacar los derechos de los catalanes. Es un insulto al más de 1 millón y medio que los votaron». «Cuando decimos que nos tenemos que ir, lo decimos por eso: no podemos vivir en un país que lo que hace cada día es pensar cómo se ataca a los catalanes», ha lamentado.

De Gispert también ha querido remarcar el gesto de solidaridad del pueblo catalán. «Quería agradecer de manera solemne la solidaridad de tantas personas anónimas que ponen su grano de arena. La Caja acompaña a los acusados ​​en este trance tan grave para que estén más tranquilos. Les queremos transmitir este mensaje de solidaridad y compañía. Estamos con todos ellos y estaremos con todos los que en el futuro lo necesiten», ha asegurado.

Por último, Ernest Benach, vicepresidente de la Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat, ha alertado que, a pesar de haber llegado a la cantidad de 5,8 millones de euros, hay «17 personas con las cuentas corrientes embargadas» y por esto ha hecho un llamamiento a continuar con la solidaridad. Ha detallado que la fianza se ha depositado en varias fases. «Se ha continuado ingresando dinero y se puede llegar a los 5,8 millones con una aportación dineraria de 5,1 millones y los 0,7 restantes se han aportado a través de embargos de las propiedades de las personas afectadas. Hemos parado el golpe, pero todavía hay 17 personas con las cuentas embargados y propiedades afectadas».

Benach ha hecho un llamamiento a continuar aportando a la Caja de Solidaridad para reforzarla: «el objetivo es continuar con esta ola de solidaridad extraordinaria y poder levantar este embargo. Pedimos aportaciones para hacer frente no sólo a este caso, sino a muchos otros casos menos visibles de persecución a raíz del 1-O», ha finalizado.