La Assemblea Nacional Catalana y el Consell per la República recurrirán la decisión de la Comisión Europea de rechazar la ICE presentada

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada por la Assemblea y el Consell pretende pedir a la Comisión Europea que active los mecanismos de vigilancia de riesgos sistémicos para el estado de derecho en el caso de España ante las graves violaciones de derechos fundamentales. La decisión se recurrirá al Tribunal de Justicia de la unión Europea (TUE).

La Comisión europea ha decidido rechazar la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) impulsada por la Assemblea Nacional Catalana y el Consell per la República Catalana. Ambas entidades consideran que el Estado español ha vulnerado derechos fundamentales, por eso piden a la Comisión que active los mecanismos de vigilancia de los riesgos sistémicos para el estado de derecho en el caso de España, vigilancia de la cual es directamente responsable. Sin perjuicio que esto pueda acabar desembocando en la activación del artículo 7 del TUE contra España, por vulneración de derechos fundamentales.

El argumento de la Comisión para rechazar la ICE es que estas materias quedan fuera de sus competencias. Desde el punto de vista de la Assemblea y el Consell, esta respuesta de la Comisión no se ajusta a la legalidad de la Unión Europea. Y a pesar de que era previsible, este rechazo abre la vía para recurrir esta decisión ante el TUE, en Luxemburgo.

Cabe decir, sin embargo, que existe jurisprudencia en casos similares, como el de la iniciativa Minority SafePack de defensa de los derechos de las minorías en toda la UE, inicialmente rechazada por la Comisión, que suponen un precedente de resolución favorable ante el TUE.

A pesar de prever el rechazo, la Assemblea y el Consell per la República lamentamos profundamente esta decisión. La comisión, en funciones, ha asumido unas competencias que el principio de prudencia le impedía asumir, especialmente teniendo en cuenta que la base de la desestimación es claramente incorrecta.

De hecho, consideramos que estas iniciativas son instrumentos de participación de los ciudadanos de la UE, pero que, paradójicamente, generan preocupación a los organismos europeos. Una vez más, pues, se deberá acceder a los mecanismos judiciales y legales internacionales para asegurar los derechos de los ciudadanos catalanes y europeos.