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1 año de prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: 1 año de injusticia

Hoy, 16 de octubre, hace un año que Jordi Sànchez, entonces presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural (ÒC), cumplen prisión preventiva, acusados de rebeldía y sedición, por haber defendido la libertad y la democracia y por haber ejercido derechos fundamentales como el de manifestación.

Sànchez y Cuixart se han visto inmersos en una causa judicial viciada y con un sinfín de irregularidades en la instrucción. De hecho, la propia prisión preventiva, aplicada con una clara voluntad de atemorizar a la ciudadanía, representa una anomalía, puesto que sólo se puede utilizar como último recurso, y sin embargo llevan un año encarcelados; primero en el centro penitenciario de Soto de Real, en Madrid, y desde el mes de julio en el centro penitenciario de Lledoners, cerca de Barcelona.

De hecho, Amnistía Internacional emitió ayer un comunicado en el cual reiteraba su reclamación de libertad inmediata para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por encontrar «injustificable» el mantenimiento de la prisión preventiva, puesto que ambos tienen derecho a «organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña».

Un falso relato acusatorio
La causa se sustenta en una violencia inventada e inexistente atribuida a Sànchez y Cuixart durante la jornada del 20 de septiembre de 2017, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español registraron el Departamento de Economía y otros departamentos de la Generalitat. Miles de ciudadanos se concentraron allí de manera pacífica a lo largo de todo el día para manifestar su protesta.

Pese a esta actitud no violenta de la gente allí congregada, el Estado ha generado un relato inventado, que se desmonta fácilmente mediante vídeos, imágenes y testimonios de la jornada, que han sido recogidos en algunos documentales que demuestran que los dos dirigentes cívicos incluso negociaron con la Guardia Civil de qué modo la comitiva judicial podía abandonar el edificio sin que hubiera ningún incidente.

A pesar de ello, la instrucción se ha basado en este falso relato, judicializando un problema político y dejando bien claro que en el Estado español no hay separación de poderes, cuestionando así la calidad de la democracia española y haciendo aparecer el concepto de presos políticos de nuevo en la Europa del siglo XXI.

La ciudadanía vuelve a movilizarse
Para mostrar y poner de manifiesto esta injusticia, la ciudadanía vuelve a salir hoy a la calle. Entidades soberanistas como ANC y ÒC han organizado varias concentraciones a lo largo del día de hoy. La que se prevé más multitudinaria tendrá lugar en la plaça de Catalunya, en el corazón de Barcelona, a las 20 h.