El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite, en el Pleno del 30 de octubre, el recurso de amparo que la Assemblea impulsó el pasado 15 de octubre para denunciar la vulneración de derechos fundamentales de los electores que causa la suspensión de los diputados del Parlamento procesados, surgida del auto del 30 de julio de 2018 de la sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, que, asimismo, confirmaba el auto del 9 de julio dictada por el magistrado instructor de la sala Penal.
Según ha informado el TC, el Pleno del tribunal ha decidido por unanimidad aceptar a trámite el recurso de amparo, ya que el asunto tiene una “especial trascendencia” porque “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”, según ha informado en una nota informativa esta mañana.
Un recurso coral
El recurso fue presentado por una treintena de personalidades de la vida pública catalana, entre los que escritores, abogados, arquitectos, cocineros… De entre los nombres más destacados, sobresale el del Premio de Honor de las Letras Catalanas, el escritor, Jaume Cabré. También presentaron el recurso el presidente del Instituto de Estudios Catalanes, Joan-Domènec Ros, el ex decano del Colegio de Abogados Josep Maria Antràs, la cocinera Ada Parellada, el Premio Nacional de Investigación 2018 Roderic Guigó, así como la presidenta y el vicepresidente de la ANC y otros miembros de su Secretariado Nacional.
Este recurso es un paso previo imprescindible para poder llegar, finalmente, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya que, si el recurso es desestimado por el Tribunal Constitucional, se planteará la petición de amparo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, se buscarán medidas cautelares por la vulneración de derechos políticos, con la voluntad que se pronuncien como en los casos recientes de Jordi Sànchez o del ex presidente de Brasil Lula da Silva.
El hecho de que en el recurso de amparo presentado al TC hayan pedido medidas cautelares, obliga al TC a tomar un posicionamiento más rápido. Si el TC deniega las medidas cautelares, se podrá ya interponer recurso directamente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en un procedimiento que se conoce como Legal Mass Action.
En caso de éxito de las solicitudes de medidas provisionales con pronunciamiento favorable al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la acción puede ayudar a presionar significativamente el gobierno español y el poder judicial y legitimaría el Parlamento de Cataluña si decidiera no ejecutar el polémica auto del juez Llarena de suspensión de los diputados.
Finalmente, esta acción forma parte de una estrategia más global en la que la ANC impulsa la denuncia de la vulneración de derechos civiles y políticos por parte de las instituciones españolas ante los organismos internacionales, y que refuerza la causa de la autodeterminación y la independencia de Cataluña.
