Nueva medida para internacionalizar el conflicto político que sufre Cataluña. En una rueda de prensa realizada esta mañana en Bruselas, la Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República y otros representantes cívicos y políticos europeos han hecho pública una iniciativa que pretende trasladar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la situación actual del Estado español. Y lo hará a través de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que deberá recoger 1.000.000 de soportes en toda Europa.
Este hecho, sin embargo, no desanima a los organizadores, que consideran que se podrá alcanzar sin dificultades como consecuencia de la preocupación que existe en Europa por la deriva autoritaria y antidemocrática que ha tomado el Estado español. Además, han dejado bien claro que la iniciativa será financiada en su totalidad mediante fondos privados de ciudadanos y entidades sin ánimo de lucro.
A la presentación han asistido el presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, así como algunos consejeros también exiliados, como es el caso de Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, ha estado presente, y Gérard Onesta, ex vicepresidente del Parlamento europeo.
Una iniciativa a favor del Reino de España
Desde los organizadores, han querido constatar que esta ICE no va en contra de nadie, sino a favor del Reino de España, ya que consideran que puede ayudarle a concluir su proceso de transición democrática y poder reforzar así sus instituciones desde una perspectiva democrática y garantizar los derechos de las minorías, como la catalana y la vasca.
La iniciativa pretende demostrar que estas vulneraciones no son puntuales, sino que son generalizadas y han surgido a raíz del proceso político emancipador que vive Cataluña, que han destapado defectos y riesgos sistemáticos del Estado español que vulneran derechos fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y recogidos en el Tratado de Lisboa.
Enfatizan, así, el escaso respeto al derecho de las minorías; la politización de las altas instancias jurisdiccionales; la inexistencia de contrapesos a las altas instancias jurisdiccionales; el nulo respeto a la aplicación directa de normas y principios rectores de la Unión Europea; la utilización “espuria” por el Estado de diversos mecanismos de cooperación jurídica entre Estados miembros; la vulneración de derechos civiles y políticos a las minorías y sus representantes; y la vulneración sistemática de determinados derechos sin los cuales una sociedad difícilmente puede calificarse de plenamente democrática.
