La ANC convoca hoy en los consulados de España en Europa bajo el lema “Justicia española, la vergüenza de Europa. ¡Liberad a los presos políticos catalanes! “
El Tribunal de Schleswig-Holstein ha decidido hoy tramitar la euroorden de extradición del Presidente Carles Puigdemont por el delito de malversación. En cambio, los de rebelión y sedición han acabado descartandose, ya que el Tribunal ha considerado que no se puede probar violencia en los hechos por los que se le quería extraditar y porque el delito de sedición no está reconocido en el código penal alemán. Además, el Tribunal ha dejado al presidente Puigdemont en libertad provisional mientras se resuelven los posibles recursos por parte de la defensa de Carles Puigdemont o de la Fiscalía alemana.
Por este motivo, las Asambleas Exteriores de la ANC han convocado manifestaciones hoy, ante los principales consulados españoles, bajo el lema: “Justicia española, la vergüenza de Europa. Liberad a los presos políticos catalanes”. En Cataluña, la manifestación convocada para el sábado a las 19h con el lema “Ni cárcel ni exilio. Os queremos en casa” toma una nueva dimensión. Debe ser un clamor por la libertad y la retirada de las acusaciones.
Aunque se han descartado los delitos de rebelión y sedición, la justicia de Schleswig-Holstein ha considerado que podría haber malversación. Cabe recordar que, si bien el juez Llarena y la Guardia Civil consideran que el Referéndum del 1 de octubre se financió con recursos públicos, el hasta ahora ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido públicamente y varias veces que no se dedicó ningún euro a financiarlo.
Esta decisión, junto con la decisión tomada en mayo por la justicia belga de rechazar la euroorden, supone un fuerte revés al juez Llarena y a la justicia española, ya que, a pesar de la extradición, pone en duda toda la instrucción hecha desde Madrid y deja en evidencia que no ha habido ni delito de rebelión, ni de sedición. Hay que recordar que las penas de prisión por malversación pueden ser de 2 a 6 años, muy inferiores a los 15 o 30 años por los delitos de sedición y rebelión, respectivamente. En pocos días se sabrá también la resolución de la justicia escocesa, que está pendiente de decretar si extradita o no la exconsejera Clara Ponsatí. Sin embargo, Ponsatí tampoco ha sido encarcelada preventivamente, lo que vuelve a dejar al descubierto la parcialidad y dureza injustificadas de la justicia española, que no sólo acusa a los nueve presos políticos catalanes de unos delitos que ni Alemania ni Bélgica consideran, sino que es la única de las cuatro justicias europeas que los mantiene encarcelados preventivamente.
Por un delito (rebelión) que según la justicia alemana no existe tenemos a 9 dirigentes políticos y sociales en prisión desde hace meses y se quiere suspender a 6 diputados pervirtiendo las elecciones del 21 de diciembre. Exigimos que se liberen inmediatamente los presos y se retiren las acusaciones.
La instrucción de Llarena choca frontalmente, también, con las declaraciones y afirmaciones que organismos y entidades internacionales han hecho en torno a los encarcelamientos preventivos. Así, tanto Amnistía Internacional como el Comisariado de los Derechos Humanos de la ONU han denunciado la regresión de los derechos humanos en España y han recomendado diálogo para solucionar un conflicto político.
Un proceso complejo que aún se puede alargar de 6 a 9 meses
El presidente Carles Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en Schleswig-Holstein por la euroorden que el juez Llarena había reactivado días antes, poniendo Alemania y Europa en el centro del debate político del conflicto que sufre Cataluña. El proceso, largo, ha iniciado su resolución hoy con una decisión contundente: ni rebelión, ni sedición, siguiendo la estela de la justicia belga.
Aunque el juez ha decidido extraditarlo por el delito de malversación, no ha considerado necesario dictar prisión provisional, por lo que, en contraste nuevamente con la justicia española, podrá seguir libre en Alemania hasta que se resuelvan los posibles recursos que la Fiscalía o la defensa del presidente Puigdemont puedan presentar para recurrir la decisión, primero al Tribunal Federal, y posteriormente al Constitucional alemán. Un proceso que se puede alargar entre 6 y 9 meses.
