Esta mañana, la plaza Schumann de Bruselas ha acogido la prisión de “Un pueblo encarcelado”, que se enmarca dentro de la campaña “Solidaridad con Cataluña”, que pretende llevar al corazón de Europa las vulneraciones que el Estado español ejerce de derechos fundamentales, como el de autodeterminación, y la consecuente represión para todas aquellas personas que lo intentan ejercer y que, de hecho, han generado presos políticos y exiliados en España en el siglo XXI.
Los impulsores de esta iniciativa, la Assemblea Nacional Catalana Osona y Bruselas, Òmnium Cultural Osona y CDR Alt Ter, y con la colaboración del CDR Internacional, salieron el domingo de Vic con la instalación, y después de dos días de viaje se han instalado esta mañana en la plaza Schumann, justo delante de la Comisión Europea, en Bruselas.
Un derecho fundamental y universal
Allí, se ha instalado durante todo el día con el objetivo de reivindicar que el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y universal y que forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por España y también violado por el Estado español, tal y como ha recordado la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie.
En el acto también han participado el Presidente Carles Puigdemont, que ha recordado que el Gobierno que presidió hizo lo que pedían los catalanes: permitir una votación sobre el estatus político como derecho universal. Puigdemont ha subrayado que ahora la mitad del Gobierno está encarcelado y la otra mitad se ha tenido que exiliar, y se ha preguntado si esta es la Europa de 2018.
Josep Valtònyc, músico exiliado y perseguido por el Estado español por sus letras, y Adrià Carrasco, activista, también exiliado, y perseguido por protestar pacíficamente, también han participado en el acto, así como miembros de la EU-Catalonia Dialogue Platform, como los eurodiputados Jordi Solé, Ramon Tremosa, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao, Josu Juaristi, Ana Miranda y Ivo Vagjl.
Un pueblo encarcelado
La acción “Un pueblo encarcelado” se inició en noviembre de 2017, justo después de que fueran encarcelados miembros de la sociedad civil y miembros del Gobierno de la Generalitat por haber puesto las urnas para el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, lo que demuestra el cerco judicial, político y policial que el Estado español ha puesto en marcha contra el movimiento independentista.
Desde el 18 de noviembre, momento en que se colocó por primera vez la prisión, y hasta ahora, la instalación se ha desplazado a más de 17 municipios de toda Cataluña, y han participado más de 1.500 personas, que, voluntariamente, se apuntan para permanecer dentro de la prisión para denunciar las vulneraciones de derechos internacionales de España.
