Dos años después de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 víctimas mortales y más de 100 heridos, ni el gobierno de España, ni el Congreso de los Diputados han querido dar información sobre la investigación de unos hechos que cada día generan más interrogantes en relación a si se podrían haber evitado y, especialmente, al motivo por el que tuvieron lugar. El Parlamento de Cataluña tiene abierta una Comisión que aún trabaja en el esclarecimiento de los hechos. A pesar de haber sido citados, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Igancio Zoido, Alfonso Dastis, José Manuel García-Margallo y Enric Millo, se han negado a comparecer ante esta Comisión.
A principios de julio de 2017, el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, asegura que el Estado “no puede tolerar ningún acto de desobediencia”, refiriéndose al referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre de ese año, y en la misma comparecencia dice que “a mediados de agosto pasarán cosas en Cataluña”. El 17 de agosto hubo el primer atentado en las Ramblas de Barcelona y al día siguiente en Cambrils. Los Mossos desactivaron la célula yihadista de 12 terroristas en 72 horas. En estos momentos, hace 2 años que el consejero de Interior que tenía la responsabilidad de la policía catalana está en prisión preventiva por la organización del referéndum. El mayor los Mossos que comandó el operativo desde la policía catalana fue cesado al día siguiente de la aplicación del 155 y está pendiente de juicio, imputado por rebelión. El jefe del Gobierno de Cataluña, MHP Carles Puigdemont, está en el exilio, después de que se anunciara la querella por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos para la organización del referéndum del 1 de octubre. Y el resto de miembros del Gobierno catalán que estuvieron al frente de la gestión de la tragedia están en la cárcel, en el exilio o se encuentran en libertad provisional pendientes de sentencia. Todos por el referéndum del 1 de octubre.
Uno de los hechos que puso en evidencia la tragedia fue la necesidad de que el cuerpo de los Mossos formara parte del sistema de información policial europea, la EUROPOL. Pocos días después del atentado, el gobierno español dijo que en el mes de septiembre de 2017 los Mossos se integrarían, del mismo modo que lo está el cuerpo de la Erxantxa, la policía vasca. A día de hoy el cuerpo de Mossos aún no forma parte de la EUROPOL, porque el gobierno español le niega la entrada.
Ahora el ex ministro José Manuel García-Margallo ha dicho “España no se retirará nunca pacíficamente de Cataluña”. Pero no ha aclarado exactamente hasta dónde están dispuestos a llegar.
Dos años después, todavía nos vemos en la necesidad de exigir respuestas:
- ¿Por qué el cuerpo de Mossos aún no forma parte de la EUROPOL?
- ¿Por qué la información va flotando a través del periodismo de investigación y no a través de los responsables de seguridad de la población?
- Cómo puede ser que un confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), con quien hablaron hasta el día anterior, organice unos atentados y el CNI no tenga ningún indicio?
- ¿Por qué el ex ministro García-Margallo anunció que a mediados de agosto pasarían cosas en Cataluña en un momento que había una cacería policial por las papeletas, las urnas y toda la preparación del 1 de octubre?
Posiblemente, hasta que no tengamos nuestro propio servicio de inteligencia no tendremos las respuestas y sólo lo tendremos con la independencia. Y sólo con la independencia los mossos podrán trabajar formando parte de la EUROPOL.
Queremos respuestas, queremos seguridad. Necesitamos la independencia.
