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La (in) justicia española queda en ridículo en Europa

Ayer, el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, decidió rechazar la extradición del presidente catalán exiliado Carles Puigdemont y retirar las euroórdenes de detención dictadas no solo contra él sino también contra Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, así como la demanda de extradición de Marta Rovira. Con ello ha hecho un uso interesado de las euroórdenes y las ha retirado cuando las decisiones no le han gustado. Cabe recordar que, la semana pasada, el Tribunal de Schleswig-Holstein descartó los delitos de rebelión y sedición del presidente Puigdemont y solo propuso entregarlo por malversación.

Con esta decisión, el juez Llarena queda completamente en evidencia y entra en una contradicción sin precedentes. Hay 7 políticos catalanes en el exilio, 5 de ellos eran miembros del Gobierno catalán el pasado 1 de octubre, que se pueden mover libremente por Europa, pero que no pueden poner un pie en territorio español sin ser detenidos, mientras que en España hay 9 rehenes políticos, acusados ​​de delitos gravísimos e inexistentes como es la rebelión –que la justicia belga y la alemana han descartado–, que se encuentran en prisión preventiva desde hace meses y sin haberse siquiera celebrado un juicio.

La justicia española está cometiendo un abuso sin precedentes de un mecanismo como es la euroorden, que implica un reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales de los estados de la Unión Europea. Con estas retiradas se demuestra que se están manipulando políticamente los instrumentos jurídicos, que la justicia española no reconoce sus homólogas europeas, al alejarse de los principios que fundamentan la Unión Europea, y que no le importa el descrédito de las instituciones españolas cuando el objetivo es acabar con un movimiento político, pacífico y democrático como es el independentismo catalán.

Exigimos de nuevo la libertad de los rehenes políticos, el regreso de los exiliados y el sobreseimiento del caso. Por otra parte, después de estas victorias judiciales internacionales, instamos a la mayoría parlamentaria catalana y al Gobierno de la Generalitat a establecer una estrategia coherente para retomar el camino hacia la independencia, ya que es la única opción de conseguir la República Catalana, la libertad de los rehenes políticos y el retorno de los exiliados. Al mismo tiempo que pedimos, ahora sí, que se active y se ponga en marcha el Consejo de la República.

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