El viernes pasado, Pedro Sánchez, líder del PSOE, obtuvo los votos necesarios per sacar adelante una moción de censura y hacer caer el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Gracias a ello, Sánchez se ha convertido en el nuevo presidente del Gobierno Español, con los votos favorables también de las fuerzas independentistas.
La moción de censura responde a una cuestión de higiene democrática, ya que el Partido Popular es uno de los partidos más corruptos de Europa. Mariano Rajoy también es el presidente que, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, ha reprimido el derecho de autodeterminación de Catalunya con violencia y con una justicia politizada. La Assemblea Nacional Catalana no espera mucho del nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez.
Por un lado, porque “el proceso judicial ya no está en manos del Gobierno español, que es quien lo inició, sino de los jueces del Supremo español”, según explica la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista reciente en el digital Vilaweb. No se esperan, pues, concesiones políticas porque el PSOE, hasta ahora, ha estado condicionado en gran medida por la oposición del Partido Popular y de Ciudadanos, que “compiten en españolismo”.
De hecho, la primera medida que se ha hecho pública es que el nuevo gobierno de Sánchez mantendrá intervenidas las finanzas de la Generalitat, a pesar de que han seguido escrupulosamente todos los pasos exigidos desde el Estado, y de haber formado un gobierno autonómico en Catalunya bajo la presidencia de Quim Torra y sin ninguno de los consejeros presos o exiliados, aunque estos conservan intactos sus derechos políticos. Así pues, la Assemblea se muestra escéptica ante un Partido Socialista que en el mes de octubre pasado votó favorablemente, junto al Partido Popular y a Ciudadanos, la activación del artículo 155 de la Constitución, que laminaba el autogobierno de la Generalitat, disolviendo el Gobierno y al Parlamento de Catalunya, que pasaban a ser controlados por el ejecutivo de Madrid. Hasta ahora, el PSOE de Pedro Sánchez ha apoyado todas las iniciativas de Mariano Rajoy para perseguir, criminalizar y reprimir el movimiento independentista catalán.
Este partido socialista también es el mismo que se ha negado a crear una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona de 2017, unos atentados que dejan muchas preguntas abiertas sobre el papel del Estado y de sus confidentes; que tampoco ha querido investigar las cargas policiales del 1 de octubre cuando la comunidad internacional no solo las ha condenado, sino que ha solicitado que se investiguen; y que nombra ministro a Josep Borrell, una persona que ha exigido reiteradamente controlar los medios públicos catalanes, ha pedido “desinfectarlos” y se ha manifestado con entidades cuyos fundadores mantienen estrechos vínculos con grupúsculos de la extrema derecha.
Con estos precedentes tan recientes, desde la Assemblea se celebra la caída de Rajoy y de su Gobierno, que han buscado constantemente la confrontación y se han negado a dialogar, pero a la vista de los hechos ocurridos hasta la fecha con referencia a la cuestión catalana, no se divisan grandes cambios en la actitud del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez respecto a los derechos de los catalanes y las catalanas.
